El Manifiesto por la Lengua Común

José Luis Manzanares
El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

Hasta ahí, literalmente, el texto de la Constitución española. Cualquier destinatario de nuestra Carta Magna lo entiende. Primero, porque está redactada en castellano, o sea, en esa lengua oficial que compartimos también, de hecho, todos los españoles. Y segundo, porque el texto es de una claridad meridiana. No necesitamos intérpretes que retuerzan su significado según convenga a sus intereses políticos.

Podríamos discutir si el uso oficial de esas otras lenguas en sus respectivas Comunidades ha de extenderse a la Administración del Estado, en particular cuando las últimas decisiones se toman fuera del espacio bilingüe. Lo que nadie podía imaginarse era que unos años después, mediante la pretendida normalización de la llamada lengua propia —como si el castellano no lo fuera asimismo en la mayoría de los casos— y de su monopolio como habla vehicular (camelística expresión de nuevo cuño), estaríamos preocupados por la progresiva marginación de la lengua común.

Pasito a pasito, por vía de concesiones en el tablero partidista, cerrando los ojos ante la evidencia o atendiendo como coartada a lo políticamente correcto, hemos llegado a la triste situación actual. Hoy, un español lo tiene muy difícil en determinadas comunidades autónomas para que sus hijos estudien en castellano, aunque ésa sea su lengua materna o se trate de un funcionario del Estado que regresará a su tierra tan pronto como el escalafón se lo permita.

Se puede defender el patrimonio cultural de las diversas modalidades lingüísticas de España sin caer en un revanchismo que pone el discutido y discutible concepto de nación (Zapatero dixit) por encima de los derechos fundamentales de la persona. Como algunos nacionalistas periféricos proclaman sin el menor tapujo (con una sinceridad que les honra a ellos, pero no a los que vuelven la cabeza para no enterarse), hay quienes tratan de imponer el monolingüismo al servicio del proyecto separatista.

La interesada confusión entre la lengua autonómica y la nación como entidad política con vocación de reconocimiento internacional ha ido ganando terreno con la tolerancia, cuando no la bendición, de quienes ahora se sorprenden por este nuevo “basta ya” de la ciudadanía frente a una política lingüística que no pretende tanto la defensa del catalán o el vascuence o el gallego —a los que nadie ataca— como la desaparición de una seña de identidad española.

Fonte: Estrella Digital.