[ABC] Galicia Bilingüe suma ya más de 700 casos de discriminación lingüística

VIGO. Además de las 70.000 firmas recogidas en papel en la Comunidad Autónoma gallega y del millar de socios y colaboradores con los que cuenta Galicia Bilingüe, más de setecientos ciudadanos se han dirigido a la asociación a lo largo de los últimos doce meses, a través de su página web y el correo electrónico, para denunciar otros tantos casos de discriminación lingüística y solicitar asesoramiento para enfrentarse a la política impositiva de la Administración gallega en este terreno.

Erradicar el castellano
Si bien la mayor parte de las denuncias, alrededor de la mitad, se refieren al Decreto que regula el uso del gallego en la enseñanza y otro treinta por ciento se ciñen al trato de la Xunta de Galicia a los administrados, la casuística es enormemente variada y permite deducir no sólo que el castellano ha sido prácticamente erradicado de la mayor parte de los organismos públicos, sino que la imposición cae a menudo en situaciones absurdas y que incluso rayan el ridículo.
Muchos padres narran las dificultades con que se encuentran sus hijos al no poder estudiar en su lengua materna, la negativa de los profesores a permitirles cualquier uso del idioma castellano, el rechazo que provoca en la dirección de muchos centros educativos cualquier solicitud de los progenitores para ser informados en español o las escasas garantías que evidencia el limitado dominio del castellano culto por parte de los alumnos si necesitan trasladarse a cualquier otra parte del Estado, fuera de Galicia, a continuar con sus estudios.
Las quejas por la desaparición del español se reproducen en numerosos organismos públicos al margen de la Administración educativa, instituciones en las que toda la documentación oficial está únicamente en gallego y cuyos trabajadores aducen que éste es su único idioma de referencia, sin tener ninguna obligación de usar el castellano aunque así lo demande el ciudadano.
Los centenares de personas que se han dirigido a Galicia Bilingüe para demandar orientación sobre cómo enfrentarse a los problemas derivados de la imposición y la discriminación lingüística, señalan también a esta asociación como el único canal que han encontrado para expresar su frustración, pues en la Administración sólo hallan vías de protesta para los casos de dificultades para el uso del gallego, nunca del español.
Deberes corregidos: Hay numerosos padres o madres que protestan ya no porque los alumnos tengan los libros o reciban sus clases en gallego, sino porque sus deberes son continuamente tachados por estar en español o sus notas sufren notables rebajas por utilizar este idioma. El hecho contrasta con el caso de dos hermanas denunciado por un profesor. Ambas son gallegohablantes y, tras la correspondiente consulta, a este docente se le dejó que permitiera a las dos jóvenes expresarse en su lengua aunque la asignatura se impartía en castellano.
Estudiante colombiano: Una pareja inmigrante, de Colombia, cuenta cómo se desplazó a Galicia buscando, entre otras cosas, una mejor educación para su hijo, un joven con notable capacidad de aprendizaje, especialmente en materias como matemáticas y ciencias. Profesores y alumnos relegan al muchacho a un tercer plano por su condición de castellanohablante.
Consejo de Cultura Gallega: Según una denuncia escrita, este organismo despachó a uno de sus empleados con un ilustrativo «usted no tiene derechos lingüísticos» cuándo éste demandó el texto de una encuesta en castellano.
Hacienda: Un gallego que lleva dos décadas residiendo en Madrid necesitó presentar la documentación para el impuesto de sucesiones al morir su padre. Vio con sorpresa que no existían impresos en castellano.

Fonte: ABC.